Una idea domina el debate sobre la adopción: que miles de niños abandonados no consiguen ser adoptados por culpa de la burocracia. La jueza Mónica Jeldres y el sicólogo Matías Marchant sostienen que ello es falso: los niños del Sename no están abandonados, sino vinculados emocionalmente con sus familias.
El problema es que esas familias son precarias y no logran proteger a sus hijos. Jeldres y Marchant sostienen que el Estado debiera ayudarlas y no aprobar normas que faciliten arrebatarles a sus hijos, como lo hace el reciente proyecto que modifica la Ley de Adopción. En un debate dominado por la adopción homoparental, los autores piden enfocarse en la violencia con que el sistema trata a las familias pobres, la mayoría de ellas encabezadas por mujeres solas.
Cuando se discute sobre adopción en Chile el debate se suele centrar equivocadamente en tres puntos:
1) La lentitud del proceso para declarar a un niño o niña susceptible de ser adoptado.
2) Lo engorroso y lento que es para los postulantes a la adopción ser considerados idóneos.
3) Si nuestro país se abre o no a que las familias homoparentales puedan adoptar. Este último argumento es el que hoy mueve más a la prensa y los congresistas.
Lamentablemente estos focos han eclipsado los verdaderos problemas del sistema. Y dado que el diagnóstico es errado, las últimas tres administraciones de gobierno han impulsado reformas a la Ley de Adopciones que no resuelven el fondo del asunto.
Recientemente, por ejemplo, el Ejecutivo presentó una indicación sobre adopción al Congreso que consiste en acelerar los procesos de declaración de susceptibilidad. Dicha propuesta, en nuestra opinión, agrava la situación de los niños que el sistema busca proteger, y también daña el derecho que tienen las familias de origen para poder llevar a cabo un proceso de reparación y revinculación familiar.
Esta columna busca mostrar los errores que contiene esa reforma y, al mismo tiempo, llamar la atención de medios y legisladores hacia lo relevante: el papel que debe cumplir el Estado ante un niño o niña que ha sido vulnerado en sus derechos.
Extraído de: Ciper Chile