En 1913 se realizó en Bruselas el Primer Congreso Internacional de la Protección de la Infancia, y en 1924 se hizo pública la Declaración de Ginebra donde la humanidad asumía el compromiso de dar al niño lo mejor, por encima de las consideraciones de raza, nacionalidad o creencias. En paralelo, en Chile, en 1900 el presidente Ramon Barros Luco impulsaba el Primer Congreso Nacional de Protección de la Infancia, y en 1901 Malaquías Concha proponía un proyecto de reglamentación del trabajo para, entre otras cosas, prohibir que los niños realizaran trabajos penosos que superaran sus fuerzas. En 1912 se firmaba la Ley de Protección a la Infancia Desvalida y en 1928 se promulgaba la Ley de Menores, ambas orientadas la protección de quiénes se encontraban en situación más vulnerable. Comenzaba así un largo camino destinado a la protección de la infancia (Shonhaut, 2010).

Casi un siglo después, con frecuencia olvidamos el recorrido histórico que la protección de la infancia ha tenido en Chile y el mundo. Bernardo O’Higgins, quién fuera considerado por la historia como hijo ilegítimo, fundó Casas de Huérfanos en las principales ciudades del país, no obstante, los contextos de orfandad, abandono y vagancia conllevaron también a la coexistencia de Casas de Expósitos, sitios donde niños y niñas eran depositados anónimamente para que su existencia fuese negada a través del infanticidio. Los principales cambios llegaron acompañados del gremio médico a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, de la mano del Dr. Luis Calvo Mackenna, que impulsaría la Casa Nacional del Niño, el Patronato de la Infancia y la creación de la Sociedad Chilena de Pediatría. Su trabajo fue reconocido porque estuvo implicado en la problematización de la niñez, reconociendo que el problema de la infancia no era únicamente la orfandad, sino también la ausencia de cuidados, redes de apoyo y protección efectiva, de modo que fue precursor de iniciativas que pusieron el relieve en la protección familiar, incluyendo el Asilo Maternal, las Gotas de Leche y las Marmitas. Esta estructura permitió la protección y seguimiento del niño desde recién nacido, además de la educación y alimentación de la madre malnutrida (UNICEF, 2022).

Conformé avanzó el tiempo, las políticas de salud materno-infantil se convirtieron en los principales ejes de protección a la infancia, constituyendo de forma independiente nuevas instituciones que buscan garantizar la salud y educación de niños, niñas y adolescentes. Ejemplos concretos son el Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), que considera acciones de apoyo nutricional preventivas y de recuperación (como la entrega de leche en polvo en los Centros de Salud Familiar), o la creación del Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo (ChCC), que considera un subsistema de políticas y programas de servicios dirigidos a la niñez y la parentalidad.

Sin embargo, el Análisis de la Situación de la Niñez y la Adolescencia (SITAN por su sigla en inglés), elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), desglosa los principales desafíos institucionales vinculados a los derechos de la infancia. Es necesario poner en marcha las Oficinas Locales de la Niñez en todo el territorio, implementar adecuadamente el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y promulgar la Ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Estas modificaciones legales implican cambiar los modelos de cuidado residencial alternativo y trabajar con las familias para prevenir la vulneración de derechos y promover su rol protector; además de contar con un sistema de justicia especializado, con fiscales, jueces y defensores expertos en responsabilidad penal adolescente, que entregue intervenciones personalizadas a jóvenes infractores de ley con el fin de favorecer sus procesos de reinserción social. Adicionalmente, en materia de educación, es necesario promover una educación más inclusiva, equitativa y de calidad que enfrente las consecuencias de la pandemia en el desarrollo y bienestar de niños, niñas y adolescentes, considerando sus problemas de salud mental y fortaleciendo sus trayectorias de desarrollo.

Ya en 1979 Gabriela Mistral nos decía:

Cuanto se ha hecho hasta hoy dentro de nuestros sistemas por salvar a la infancia en conjunto de la miseria y la degeneración, aun por los mejores, resulta pobre, vacilante y débil, y es un balbuceo. Habría que tentar iniciativas más totales y valerosas, yo diría más radicales, en el limpio sentido de la palabra. “No se resuelve el problema de la infancia sin resolver en su mitad el problema social”. Eso no importa, habría que atreverse (Mistral, p.62)

Habría que atreverse. En un país con tantas deudas pendientes con niñas, niños y adolescentes, luchar por su salud mental (…) es un acto de rebeldía necesario, urgente y ético (Jiménez, 2022, p.200).